Gracias al Convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Madrid

El Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, han firmado un protocolo de colaboración entre las dos instituciones para “llevar a cabo una colaboración que facilite el acercamiento del mundo del derecho a las personas socialmente más desfavorecidas”. La subvención municipal asignada a este Convenio asciende a 34.800 euros al año.

El Colegio de Abogados destacará en Las Rozas a letrados que atenderán al público diariamente, de 16 a 21 horas. Serán profesionales con acreditada preparación y experiencia en mediación familiar, que han seguido un curso de 300 horas en la especialidad de abogados de familia, y con tres años de ejercicio profesional previo, a fin de elaborar acuerdos con todas las garantías legales. El asesoramiento, que actuará de forma similar a la red de este tipo que actúa en la Comunidad de Madrid, se prestará previa petición de hora.

El consistorio prestará soporte físico y administrativo, tanto humano como técnico, para que los letrados desarrollen su labor. A estos efectos, dotará al Servicio de Mediación Familiar de personal administrativo que realice una primera aproximación a los ciudadanos y canalice los casos hacia los abogados que deben atender la consulta. El Colegio de Abogados de Madrid vinculará a este Protocolo un mínimo de tres letrados.

La mediación familiar se estaba prestando en Las Rozas para conflictos de pareja. Desde ahora se ampliará este servicio a todo tipo de conflictividad familiar, como separaciones, divorcios, temas de guardia y custodia, herencias, conflictos intergeneracionales y cuidados a los mayores. Se busca que en todas estas situaciones se negocien los desacuerdos evitando los enfrentamientos y su incidencia negativa, con especial atención a los menores, si los hubiera.

El servicio jurídico pretende presentar una alternativa para que sean los propios interesados los que decidan sobre los contenidos, extensión y efectos del acuerdo. Busca también prevenir posibles incumplimientos y, sobre todo, ser un mecanismo para que los hijos no sufran las consecuencias negativas de una separación judicializada con un alto nivel de conflicto y enfrentamiento.

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