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El Ayuntamiento ha firmados dos convenios con el Colegio de Abogados de Madrid.
El Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, ha firmado con Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid, dos convenios dirigidos a facilitar asesoramientos a los roceños que lo necesiten para que puedan disponer de apoyo profesional jurídico que les oriente y ayude a la hora de actuar en diversas situaciones de necesidad o carencia.
De estos convenios se beneficiarán distintos colectivos, atendidos en unos casos por la Concejalía de Atención Social e Integración y en otros por la de Menor y Familia, relacionados con mayores, discapacidad, familia, mujer e inmigración. La atención jurídica únicamente se prestará a aquellos casos derivados a través del personal de Atención Social Primaria de las dos concejalías que acogen este servicio. “Este es un ejemplo -ha comentado el Alcalde- de que en Las Rozas todos los convenios que podamos los haremos con colegios profesionales, porque nos dan garantía plena”.
Los convenios están pensados para aliviar situaciones de necesidad general causadas por la complejidad de las normas legales y para ayudar a los ciudadanos ante una desprotección fáctica, tanto por desconocimiento de las leyes como por la dificultad real de utilizar los cauces que ofrecen. El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) prestará dos tipos de asesoramiento: orientación gratuita a los ciudadanos, con contenido informativo y canalizador de las cuestiones que en cada caso se presenten y tramitación, en su caso, de solicitudes de asistencia jurídica.
El Servicio, que se ubicará en el caso de familias con hijos menores de 18 años en la Concejalía de Menor y Familia (tf.91 631 54 08) y para lo demás supuestos en la Concejalía de Atención Social e Integración (tf. 91 637 73 48), contará en todos los casos con letrados del Colegio de Abogados de Madrid, especialistas en este tipo de asesoramiento, con horarios determinados en cada caso.
El Servicio de Orientación Jurídica no alcanzará en ningún caso la resolución de conflictos concretos cuando hayan de tramitarse ante órganos judiciales o administrativos.
